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¿A qué juega la UPOEG con su incursión armada en los Bienes Comunales de Cacahuatepec?

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¿Es acaso el brazo armado para reiniciar la construcción de una presa en esa zona?

Por Francisca Meza Carranza/Fotos Javier Verdín

El pasado 8 de marzo ocurrió un ataque inesperado por diversas razones: la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) irrumpió de manera violenta en la zona de los bienes comunales de Cacahuatepec, Acapulco, un poblado y una organización social que se ha opuesto a la construcción de la presa de La Parota.

Sorprende porque hasta esa fecha la UPOEG no había dado señal alguna de que los opositores a La Parota estuvieran en su lista de enemigos.

Sorprende porque argumentaron que su incursión tienen como fin atender la seguridad de los habitantes de esa zona, en la cual sin embargo no se han reportado altos índices delincuenciales.

Sorprende porque entraron armados con armas de uso exclusivo del ejército.

Y sorprende también porque su acción armada se da en momentos en que se registra una división entre los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), y en apoyo al grupo que ha comenzado a promover el reinicio de los trabajos para la construcción de la polémica presa en esa zona.

Después ello, han surgido diversos señalamientos, hipótesis y cuestionamientos hacia la UPOEG.

Hay quienes señalan que esa incursión tan sólo reafirmó que se trata de un grupo de civiles con armas de alto poder que opera para el Estado y que hace el trabajo sucio para el gobierno en contra de organizaciones sociales como la CECOP.

Hay voces que señalan, incluso, que esa incursión es tan sólo el principio de diversas acciones tendentes a crear las condiciones de control territorial para poder reiniciar los trabajos de construcción de una presa en las tierras de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Es decir, que la UPOEG sería el brazo armado para actuar en contra de los opositores a la construcción de una presa en esa región. Una tarea que en su momento no pudieron realizar ni la policía estatal, ni federal, ni el ejército.

¿A qué juega la UPOEG?, es la pregunta que sonó en diversos ámbitos tras ese 8 de marzo.

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Desde sus inicios, la UPOEG estuvo relacionada con el poder, al dejar de lado su plan de desarrollo y defensa del agua por el que supuestamente había sido creada por los hermanos Bruno y Cirilo Plácido Valerio, -lo que provocó su expulsión de la CRAC-, para recibir dádivas del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quien en el mismo año (2013) se reunió con ellos y les ofreció todo su apoyo.

Y a lo largo de su historia se le han hecho señalamientos de estar involucrada en  secuestros, extorsiones e incluso asesinatos. Situaciones y acusaciones ante las cuales el gobierno en sus tres niveles ha hecho caso omiso; sumado a que portan armas de uso exclusivo del Ejército, lo cual se ha evidenciado en notas periodísticas y fotografías.

 

Ante ello, la UPOEG ha dicho que las acusaciones parten de organizaciones que buscan descalificar su trabajo. Y han asegurado que sus detractores en muchos casos son grupos financiados por el crímen organizado.

 

Lo paradógico es que la UPOEG ha recibido las mismas acusaciones: haber nacido como una organización financiada por el crimen organizado para garantizar seguridad a las rutas de trasiego de narcóticos.

 

El mismo gobernador ha admitido que algunos grupos  de civiles armados surgen bajo consigna del crimen organizado. “Muchos de los grupos que se hacen llamar grupos de autodefensa son comunitarios que surgen bajo la consigna e intereses de la delincuencia organizada, siendo la mayoría, no todos”, dijo a principios de marzo ante el Grupo Cuicalli, sin especificar que grupos eran cuáles.

 

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Luego de su incursión en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el argumento de que lo hicieron para garantizar la seguridad en la zona comenzó a derrumbarse, al denunciarse que la UPOEG, el 20 de marzo, había comenzado a agredir a habitantes de las comunidades contrarias a la construcción de la presa en el poblado de Aguacaliente.

 

La denuncia la hicieron habitantes del mismo poblado de Aguacaliente, perteneciente a los bienes comunales, mediante la red social Facebook, y señalaron que miembros de la UPOEG propinaron una golpiza al habitante de El Rincón, Aniceto Ascencio, conocido como Don Cheto; también denunciaron que hirieron con un disparo a un presunto delincuente a quien se llevaron, y no supieron nada de él.

 

Al respecto, Astudillo Flores admitió que se buscará que no exista confrontación entre la UPOEG y la CRAC, que ya operaba en esa zona; no obstante admitió que hay grupos que operan fuera de la ley y que “están fuera de nuestro alcance”.

 

UPOEG en Acapulco

 

La llegada de la UPOEG a Acapulco se dio en Xaltianguis durante 2013 con el argumento de dar seguridad a los habitantes; al frente estaba Miguel Ángel Jiménez Blanco quien, inconforme por la manera en la que comenzaron a trabajar en ese poblado, decidió separarse de ellos y conformó su propio grupo aunque con las mismas siglas.

 

Posteriormente al sentirse acorralado por el grupo que operaba Plácido Macedo Adame convocó a los medios de comunicación para denunciar las irregularidades con las que trabajaba la UPOEG, las amenazas que había recibido y  responsabilizó a Ernesto Gallardo Grande, el que ahora promueve la UPOEG en los Bienes Comunales, de lo que pudiera pasarle. También señaló a Neftalí Villagómez Hernández de la UPOEG, en esos momentos de Tierra Colorada, y a Plácido Macedo.

 

“Porque realmente si yo llegara a morir… el comandante Ernesto Gallardo sí es de peligro. Un compañero me dijo ‘Miguel, creo que al final quien nos va a venir matando es Neto (Ernesto) porque sabemos de su capacidad’”, declaró en esa ocasión, lo cual quedó grabado en videos, en los que también denunció asesinatos a manos de Ernesto Gallardo.

 

Luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Miguel Ángel organizó grupos para sumarse a las búsquedas en Iguala y Cocula, y continuó con los trabajos de localización de fosas clandestinas en esa zona.

 

Finalmente en Agosto de 2015, como lo auguró, fue asesinado. Hasta la fecha no se sabe a manos de quién.

 

A principios de este año la UPOEG comenzó a operar en Barra Vieja, Lomas de Chapultepec y San José Guatemale, pues restauranteros de la zona se habían quejado de extorsiones y robos por lo que decidieron unirse a ese sistema. El ayuntamiento se inconformó con su llegada porque podría provocar mala imagen, principalmente en Barra Vieja, por lo que después de reunirse con pobladores aseguraron que eran minoría los que estaban de acuerdo en que se quedaran. Su presencia solo está en Lomas de Chapultepec.

 

La llegada de la UPOEG a los bienes comunales de Cacahuatepec, zona que ha vivido en conflicto latente por el interés del gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de instalar la hidroeléctrica La Parota, provocó mayor tensión entre los pobladores opositores al proyecto y aquellos que están a favor; en esa zona ya opera la Policía Comunitaria de la CRAC, pues la zona forma parte del territorio indígena de la entidad.

 

El día de la irrupción, el 8 de marzo, la zona estuvo tensa, principalmente en el poblado de La Concepción, en donde se ubica la Casa de Enlace de la CRAC, pues el grupo a cargo de Gallardo Grande arribó con sus armas, algunas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, sobre 20 camionetas y los rodearon. Las actividades en escuelas y en el centro de salud se detuvieron.

 

Bruno Plácido negó la irrupción y dio dos versiones de su presencia en esa zona: el secuestro del alcalde de Copala y la búsqueda de robacoches en Cerro de Piedras; a pesar de ello Gallardo Grande reconoció que habían sido llamados por los pobladores y mostró un acta de asamblea fechada el 11 de noviembre de 2016, en la que se detalla que comisarios reunidos en Cacahuatepec acordaron solicitar la intervención de la UPOEG. La acción ya estaba premeditada.

 

Sin embargo, las personas que los llamaron simpatizan con los empresarios gravilleros que explotaban el río Papagayo, y que fueron expulsados por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), acto por el cual se comenzó una cacería contra sus integrantes.

 

Lo que no tiene duda es que la incursión de la UPOEG es en apoyo y a solicitud de quienes han externado apoyo al reinicio de los trabajos para construir una presa en esa zona.

 

Aquellos que promueven la UPOEG en los bienes comunales también conforman el comisariado que permanece impugnado en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41 por las irregularidades en las que desarrollaron su elección.

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Para la CRAC, la irrupción de la UPOEG no solo es una agresión a sus compañeros de la zona, si no al sistema comunitario en su conjunto. A raíz de ello,  el coordinador de la CRAC-PC en San Luis Acatlán, Valentín Hernández Chapa, llamó a la población a informarse de lo que es la UPOEG pues, señaló, llega a los pueblos y hace creer que son policía comunitaria.

 

“Ellos para poderse allegar gente han dicho que son Policía Comunitaria, pues tratan de aparentar lo que es la CRAC y la gente se engaña y ´dice parece que es lo mismo´; los que han decidido ser parte de la UPOEG ya tendrán tiempo de conocer qué es la UPOEG y después no se los van a poder quitar de encima”, aseveró.

 

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan calificó la incursión de la Policía Ciudadana de la UPOEG en los bienes comunales de Cacahuatepec como un atentado al movimiento más emblemático de Guerrero.

 

 

21 años de la CRAC

 

El modelo de la Policía Comunitaria de la CRAC (CRAC-PC) se ha arraigado como uno de los modelos de seguridad más efectivos de la entidad; a decir del presidente municipal de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García, ese es el municipio más seguro de la entidad gracias a ésta y aunque hay algunos delitos comunes, como en el resto del estado, no enfrentar problemas relacionados con la delincuencia organizada.

 

“A nosotros nos ayuda mucho que en nuestro municipio hace 21 años formalizamos el nacimiento de la CRAC; yo digo que ese debe ser un modelo que debe plantearse en distintos municipios, han venido investigadores de otros países y del mismo país a ver cómo funciona, y creo que para nosotros ese es el modelo que debería utilizarse en Guerrero ante el alto índice de delincuencia que existe”, expresó.

 

Sobre el resto de los grupos que han surgido en la entidad el alcalde dijo que como CRAC no tienen parecido con ningún otro y su procedimiento es totalmente diferente.

 

“Como CRAC no tenemos parecido con ningún otro grupo, somos auténtico, somos la auténtica Policía Comunitaria, no somos parientes de ningún otro grupo, ni en el estado, ni el país, la auténtica Policía Comunitaria está en San Luis Acatlán y hasta ahí la dejaré, lo demás no quisiera meterme, soy respetuoso de la actividad que realicen los demás grupos, el procedimiento que se realiza para ser policía o comandante en San Luis Acatlán es totalmente distinto, es un procedimiento que se eligen mediante asamblea, con los hombres más honorables y el servicio que prestan por un año a la comunidad”, expresó.

 

A pesar de ser un modelo de seguridad comunitaria reconocido mundialmente y con resultados perceptibles en sus comunidades de influencia, la CRAC ha sido el sistema más golpeado por el sistema gubernamental, no obstante, a pesar de las detenciones sus dirigentes han logrado salir en libertad, aunque algunas veces tarden años en demostrar que su actuar es con base a su sistema de justicia.

 

En 2013, con Eliseo Villar al frente de la CRAC y Aguirre Rivero en el gobierno del estado, la CRAC tuvo su mayor división; El gobierno del estado donó 8 millones de pesos y camionetas a la CRAC y en respuesta Eliseo Villar admitió la credencialización de más de 900 policías comunitarios como parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a pesar de estar amparados por la Ley 701 y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

A raíz de esa división comenzó la detención de dirigentes de algunas casas de justicia que diferían de Eliseo o de Aguirre Rivero, entre ellas Nestora Salgado, por el delito de secuestro, a pesar de que el sistema se había regido de esa manera durante los 17 años anteriores.

 

Nestora Salgado permaneció presa durante 2 años y medio, sin culpas comprobadas; a principios de marzo de este año un juez federal ordenó que se deseche el auto de formal prisión contra Arturo Campos, no obstante permanece preso por otra denuncia de secuestro radicada en su contra, pero sus abogados, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, confían en que seguirá el mismo curso; al igual que ellos otros comunitarios permanecen detenidos.

 

El FUSDEG y Tierra Colorada

 

Una de las luchas más encarnizadas que han visto los guerrerenses en estos años ha sido la de la UPOEG y el FUSDEG. Y ambos se han acusado de lo mismo: de proteger a la delincuencia organizada.

 

Al tratarse de un corredor importante para el trasiego de droga, Juan R. Escudero (Tierra Colorada) se han mantenido en disputa.

 

“Estamos en medio de un monstruo y luchamos incluso contra el gobierno, porque están metidos con ellos”, expresa a Liberación Guerrero, Salvador Catalán Barragán, consejero de la estructura del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).

 

El FUSDEG surge luego de separarse de la UPOEG, que entró a Tierra Colorada como lo ha hecho a otros municipios: para ofrecer seguridad.

 

Los 2 años siguientes las cosas en materia de seguridad mejoraron en la zona, sin embargo fueron ellos los que se convirtieron en protagonistas de los actos violentos, por lo que fueron echados de ese municipio. Bruno Plácido y los suyos se fueron y con ellos se fueron al menos ocho habitantes de Colorada, quienes han sido señalados por los habitantes de cometer delitos, motivo por el cual no pueden volver.

 

Tras la salida de la UPOEG los habitantes que desertaron de la UPOEG por no compartir su forma de trabajar crearon el FUSDEG, que hasta el momento es la que domina en Tierra Colorada con la constante amenaza de la UPOEG de retomar el control del lugar. Una lucha que que ha dejado muertos y desaparecidos. Actualmente, se ha acusado al presidente municipal Leonel Leyva Muñoz de estar en contra del FUSDEG y a favor de la UPOEG.

 

“El problema es que quieren ser dueños del lugar para convertir a Tierra Colorada en plaza del narcotráfico, de secuestros, etcétera, porque eso es lo que hacen en Ocotito, San Marcos, Ayutla; hay secuestros, violaciones y son de ellos. Entonces referimos que son ellos los mismos que lo hacen porque gente de San Marcos que nos ha visitado, se les han salido a ellos,  `ya no queremos nada con ellos porque nos obligan a asaltar y matar´.  Todos esos (UPOEG) pueden dar ahorita al público de que son policías efectivos, buenos y en defensa, pero van por los intereses de los cabecillas”, aseveró Salvador Catalán.

 

Para el FUSDEG y los  habitantes de Tierra Colorada el gobierno ha participado junto con la UPOEG en dar mala imagen a ese sistema que crearon y que ha logrado mantener ese municipio lejos, dice, de la delincuencia organizada. Incluso señalan a las autoridades de permitir que sean atacados por la UPOEG sin darles atención pues han estado en enfrentamientos, en los que han muerto decenas de ellos, y el gobierno ha hecho oídos sordos a sus llamados de auxilio.

 

La prueba de ello, dijo Salvador Catalán, fue en los hechos de Tlayolapa; de acuerdo con su versión, la UPOEG pretendía ingresar cuando les fue marcado el alto y en respuesta mataron a su comandante Juan Loeza; por ello el FUSDEG atacó. Sin embargo, dijo, las autoridades señalaron al FUSDEG de emboscarlos, como dijo Plácido Valerio.

 

El FUSDEG tiene desaparecidos a dos de sus integrantes desde noviembre del año pasado, cuando la UPOEG intentó ingresar y se sostuvo un enfrentamiento por horas sin que las autoridades actuaran. En esa ocasión la UPOEG se llevó a Jesús Elacio Contreras de 24 años e Inocencio Sánchez Ramírez, de 64, de quienes no saben nada, y las autoridades han hecho oídos sordos.

 

“Tienen nexos con ellos porque no actúan. Tierra Colorada lo quieren porque está en medio de Acapulco y Chilpancingo que son dos grandes centros de comercio, no normal, sino de la droga, del narcotraficante, y sabemos que en Chilpancingo están los grandes grupos del narcotráfico, en la sierra otros, en Mochitlán, y Acapulco; nos consideramos un pequeño municipio que estamos defendiendo la situación pero en medio de un monstruo y luchamos incluso contra el gobierno porque están metidos con ellos, porque no actúan, a nosotros en engañan que sí”, expresó.

 

La UPOEG, por su parte, y el gobierno del estado también, han acusado al FUSDEG de ser una organización que garantiza en Tierra Colorada el trasiego que hacen grupos criminales de enervantes. Y que debido a ello es que se han opuesto a la entrada de la UPOEG.

 

Luego de las confrontaciones, el FUSDEG y la UPOEG acordaron reuniones entre ambos grupos y el gobierno estatal para “finiquitar” la situación, sin embargo no se ha cumplido; la última, que sería el miércoles 22 fue cancelada con el argumento de que comenzaría la Convención Bancaria y que hablarían el lunes… sin embargo el lunes comenzaría el Tianguis Turístico.

 

En la ilegalidad

 

Además de la CRAC, en Guerrero hay otro grupo que opera con los lineamientos de la Ley 701: la Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Temalacatzingo, municipio de Olinalá.

 

Y en distintos sitios de la entidad operan grupos de civiles armados bajo el amparo de ser autodefensa; algunas de estas son:

 

En el poblado de San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, se levantaron en armas para confrontar directamente a la banda delictiva denominada Los Tequileros, afincada en San Miguel Totolapan.

 

En Teloloapan surgió La Tecampanera, contra el grupo delictivo La Familia, que según autoridades opera en Arcelia.

 

En Petaquillas permanecen grupos de autodefensas vinculadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al grupo delictivo Los Ardillos.

 

En la cabecera municipal de Apaxtla de Castrejón se conformó la autodefensa del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), para luchar contra los secuestros que se habían registrado en la zona, atribuidos a La Familia.

 

Los Comunitarios Unidos por la Paz y la Justicia operan en la zona Centro de Guerrero y parte de la Montaña; a ellos se les ha relacionado también con el crimen organizado.

 

Y los integrantes del Colectivo Siempre Vivos de Chilapa los señalan como los responsables de las desapariciones forzadas que se han registrado en el corredor Chilpancingo-Zitlala.

 

Debido a ello, el vocero de Siempre Vivos, José Díaz Navarro, califica la Ley 701 “la ley narco”, pues considera que con ella se amparan los grupos que operan en la ilegalidad.

 

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De acuerdo a esas leyes la UPOEG no tendría argumentos legales para tener presencia en los bienes comunales de Cacahuatepec, donde la ley sólo ampara la presencia de la CRAC. Y sin embargo, la UPOEG está ahí, armada y sin que el gobierno de Héctor Astudillo haga nada para evitarlo.

Por el contrario, pareciera que el gobierno del estado ve con buenos ojos esa presencia amada en esa zona, donde a lo largo de los últimos años la mayoría de sus habitantes se han opuesto a la construcción de la presa La Parota.

¿Es acaso la UPOEG el brazo armado de que echará mano el gobierno para reiniciar las obras de dicha presa? ¿O es el principio de un modelo para terminar con la organización y la lucha social en las comunidades indígenas de Guerrero?

Porque de otra forma, no se explica la presencia de la UPOEG en esa región.