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Desmonta el GIEI la “verdad histórica” del gobierno y lo corren del país

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Los 10 puntos clave con los que la PGR careo
la mentira histórica sobre los hechos de Iguala

Tomás Zerón, funcionario de la PGR e inventor del caso Paulette, realizó maniobras ocultas en Cocula para crear la versión oficial

Por ¬ Margena de la O
Fotos ¬ Arturo de Dios Palma

Luego de meses de intenso trabajo, y en medio de diversas críticas que buscaron por todos los medios desacreditar su labor, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), presentaron su segundo y último informe sobre los hechos ocurridos en la trágica noche de Iguala. Y sus conclusiones echaron por tierra la “verdad histórica” que presentó en su momento el ex procurador Jesús Murillo Karam y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Y para el gobierno federal fue “tan grave” lo que informó el GIEI, que prácticamente terminó por expulsarlos del país, al no renovar el convenio de colaboración que se había establecido con ese grupo para la investigación de lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa.
Los expertos del GIEI determinaron puntos clave con los que destrozaron la “verdad histórica” de Murillo Karam.
Uno: Que no hay indicios científicos contundentes de una incineraciónn masiva de cadáveres en el basurero de Cocula.
Dos: Que la PGR realizó diligencias clave en secreto que no consignó en la investigación oficial.
Tres: Que para sustentar la “verdad oficial”, la PGR consiguió confesiones de los presuntos involucrados con métodos de tortura.
Cuatro: Que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, se coordinaron policías municipales (Iguala, Cocula y Huitzuco) y miembros del crimen organizado, y que el Ejército conoció lo que ocurría desde antes del ataque.
Cinco: Que las acciones fueron coordinadas por un personaje a quienes los agresores identificaban por celular como el Caminante.
Seis: Y sobre todo, el GIEI descubrió diversos indicios y pruebas que apuntan hacia un funcionario de la PGR como el creador de un montaje para sustentar la versión que después daría a conocer Murillo Karam. Ese funcionario es Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), quien habría realizado maniobras de siembra de partes de cuerpos en el Río San Juan. El 28 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Zerón de Lucio visitó el Río San Juan con sus agentes y Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, uno de los inculpados, a realizar diligencias no oficiales. Un día después, casualmente, la PGR daría a conocer el hallazgo de una bolsa con restos óseos, de donde determinaron la identidad de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos.
Después se sabría, también, que Tomás Zerón fue, en su momento, el mismo funcionario encargado de dar a conocer la “versión oficial” sobre el caso de la niña asesinada Paulette, cuyo cuerpo fue “descubierto” varios días después del crimen abajo del colchón de su propia cama. Una versión que hasta hoy nadie le ha creído.
Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo colocaron en la escena pública con su aportación a la producción oficial del caso Iguala y obligaron a la PGR a abrir una investigación sobre la actuación de Zerón.
Siete: Que para sustentar su “verdad histórica”, la PGR dejó fuera de la investigación datos cruciales como el seguimiento a las llamadas telefónicas que se hicieron de teléfonos celulares de normalistas, horas después de que, según la versión oficial, los ya habían sido incinerados en Cocula.
Ocho: Que la PGR dejó fuera de la investigación lo ocurrido y registrado con un quinto autobús, así como la presunción de que en el mismo habría un cargamento de droga.
Nueve: Que se dejó fuera de la investigación la participación de elementos de policía del municipio de Huitzuco, la tierra donde viven y mandan la familia de Rubén Figueroa, el ex gobernador de Guerrero, destituido de su cargo por la masacre de Aguas Blancas.
Diez: Que tampoco se le dio importancia al hecho de que los policías de Huitzuco reportaron como su jefe a un personaje identificado como “El Patrón”.

***

Con su trabajo independiente por encomienda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI se ganó la confianza de los padres.
Entre el GIEI y la PGR fue evidente una fractura en vísperas de que los expertos revelaran su segundo y último informe. La Procuraduría rompió –eso dijeron los expertos– el acuerdo de confidencialidad del proceso y de tomar decisiones conjuntas al revelar que en el basurero de Cocula pudieron incinerar hasta 17 cadáveres, con los créditos al grupo de expertos en materia de fuego que contrató.
En su informe, el GIEI retomó la grabación del video de José Manuel Jiménez y las fotografías tomadas por Daniel Rodríguez, un par de periodistas que acreditaron la presencia de Zerón de Lucio en el río San Juan, mientras dos camionetas de la PGR bloqueaban el camino por donde ingresaría el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que no pudo llegar al lugar.
Las voces de los sobrevivientes de la noche de Iguala tienen el mismo tono y color que la versión del GIEI. En el libro del periodista John Gibler, Una historia oral de la infamia, hay una sentencia sobre el caso Iguala: el crimen de los tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de los 43 es resultado de un operativo del Estado y la escena del crimen el basurero de Cocula es falsa. La narración de las voces de los sobrevivientes, padres, periodistas, maestros, trabajadores del basurero están acomodadas cronológicamente por el autor y forma una versión distinta a “la verdad histórica”.
Para narrar lo que ocurrió en Iguala, Gibler sólo dejó que los sobrevivientes hablaran: “asumí como la tarea de hablar con la mayoría de ellos”. Es como supo de cinco autobuses con normalistas en las distintas escenas de la noche de Iguala, la desaparición de los estudiantes coordinada y planeada entre policías (operativo policiaco) y que en el basurero de Cocula no pudieron incinerar a los muchachos.
Dos trabajadores municipales encargados de recolectar basura en Cocula le dijeron al periodista que a las 13 horas del 27 de septiembre, unas horas después de la noche de Iguala, vaciaron cargas de desechos al basurero y no encontraron rastros de una gran fogata. “Llovió algo recio. Toda la noche estuvo cayendo agua, estaba lloviendo pues. Se quitó hasta las 6:30 o 7 de la mañana”, es la voz de uno de los empleados.

Informe: Ayotzinapa line

En el segundo informe realizado por el GIEI figuran las coordenadas que emitió la telefonía de los normalistas, policías y autoridades municipales y trazan parte de las rutas que transitaron esa noche de Iguala. Los expertos revelan los detalles en las páginas de sus conclusiones, al mismo tiempo que corre la queja contra la Procuraduría por no considerar sus aportaciones.
Seis líneas telefónicas de los normalistas indican actividad después de las 23 horas del 26 de septiembre de 2014, para cuando los policías municipales de Iguala y Cocula los habían detenido. Los expertos deducen que la detención de los estudiantes pudo ocurrir a las 22:40 horas.
Jorge Antonio Tizapa Legideño, Carlos Iván Ramírez Villareal, José Eduardo Bartolo Tlatempa, Julio César López Patolzin, Jorge Luis Gonzáles Parral, Magdaleno Rubén Lauro Villegas y Jorge Aníbal Cruz Mendoza se comunican durante las horas más críticas de la noche con familiares, amigos y compañeros o bien sus teléfonos reportaron actividad hasta la tarde del 27 de septiembre.
Tizapa Legideño, estaba en el autobús Estrella de Oro 1568 de la calle Juan Álvarez. Martín Getzemay Sánchez le llama cinco veces desde la escena de Palacio de Justicia. La primera vez que le marca es a las 21 horas con 44 minutos y ocho segundos y la última a las 21 horas 51 minutos y cuatro segundos. Las coordenadas telefónicas y la cronología de los hechos ubican ese momento como parte del ataque a balazos.
Del rastreo de las comunicaciones de los normalistas existen elementos que las autoridades no han incorporado a su análisis, como el mensaje de texto que Jorge Aníbal Cruz Mendoza, uno de los 43, envió a su madre, Carmen Cruz Mendoza, a la una de la mañana con 16 minutos y 52 segundos. “Mamá, me puede poner una recarga me urge”, le escribió.
La versión oficial indica que para esa hora los 43 normalistas ya fueron incinerados en el basurero de Cocula. Y siguiendo la hipótesis de la PGR de que los llevaron allá: ¿por qué se logró esta comunicación si en la hondonada no hay cobertura telefónica?
La antena Margaritas de Palacio de Justicia capta a las 10 de la noche con 30 minutos y ocho segundos el teléfono de Bartolo Tlatempa. Para las 11 de la noche con 39 minutos y 43 segundos y después a la una de la mañana con nueve minutos y 35 segundos, lo detecta la antena de Cocula.
Los informes de las compañías telefónicas que consiguieron con los expertos, en el caso de Bartolo Tlatempa, coinciden con el informe de la Dirección General del Cuerpo Técnico de Control de la PGR y la Policía Federal, de que el teléfono del normalistas anduvo por Loma del Coyote y enseguida Cocula, las mismas coordenadas y horarios que reporta el del jefe de la Policía de Cocula, César Nava.
López Patolzin estaba también en Palacio de Justicia, porque la antena Margaritas detecta su celular a las 10 de la noche 21 minutos 22 segundos. Una hora, 26 minutos y seis segundos después su última coordenada la recibe la antena de la carretera Huitzuco-Atenango (ubicación calle Pinos, colonia 28 de febrero, Huitzuco). El teléfono reporta movimiento hasta tres días desde el centro de la ciudad de Iguala.
El teléfono celular de Ramírez Villareal lo utilizan hasta las cinco de la tarde con 17 minutos y 40 segundos del 27 de septiembre de 2014, unas 21 horas después de su detención.
En los dos casos los expertos cuestionan por qué la PGR no utilizó e indagó esos datos para dar con quienes desaparecieron a los estudiantes de Ayotzinapa.

La siguiente fase

El colombiano Manuel Rozental de la organización Pueblos en camino se conoce todas las fases de lucha y la reacción del Estado para cada una. Por el camino andado y el terreno que ahora pisan los padres de Ayotzinapa en busca de sus hijos, les anticipa en una charla que les aplicarán la estrategia de divide y vencerás.
Los padres ya sintieron los primeros golpes de la operación con parte de una llamada telefónica filtrada a los periódicos entre don Mario González, padre de César Manuel González, y el abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra. Se escucha que el padre le dice al abogado que recibió amenazas porque supuestamente alguno de ellos habría recibido dinero del cártel de los Guerreros Unidos.
Con la grabación, aparentemente autoría de Los Rojos, otro cártel local, trataron de exhibir nexos entre los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa con Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos es el cártel que la PGR señala como responsable junto a los policías de Iguala y Cocula de la desaparición de los jóvenes. Los padres, según la filtración, recibían dinero de los verdugos de sus propios hijos.
Del abogado hay otra llamada filtrada. Se trata de una conversación con una mujer en la que se refiere a los padres de los normalistas como “indios piojosos” en un momento de enfado. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, es originario de la comunidad me’phaa de Totomixtlahuaca, del municipio de Tlacoapa.
“Lo que viene después de cometer la atrocidad –dice el defensor de los derechos de los pueblos colombianos– es donde verdaderamente están ejecutando el plan. Una noche que estamos sentados en el Cauca (región de Colombia) planeando un acción de resistencia, viene un señor que estuvo en Guatemala durante la guerra y nos cuenta: el Ejército entraba y arrasaba pueblos: violaba a las mujeres, mataba a todo el mundo, y si quedaban dos vivos, los familiares de los muertos les echaban la culpa a los vivos diciendo que tenían contacto con el Ejército. Se empezaban a dividir y a romper entre ellos y aprovechaban ese tiempo para ir interviniendo la comunidad”.
Es así como gana la pelea el Estado, les advierte, para evitar que caigan en ello.