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Guerrero y el sospechoso caso de los despidos injustificados: ¿Negocio de coyotes o arbitrariedad de funcionarios?

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Los laudos ahogan las finanzas de los 81 municipios; en 2016 se pagaron mil 600 millones

 

Por Jesús Pintor

Hay quienes dicen que todo se trata de un gran negocio que han encontrado abogados coyoteros para hacerse de mucho dinero; hay también quienes señalan que todo es reflejo de la forma arbitraria con que las autoridades tratan a los trabajadores;  también se asegura que se trata de un negocio en el que la autoridad despide, el trabajador despedido demanda, y al final trabajador y funcionario se reparten el pago por el despido injustificado.

El caso es que desde hace unos años y hasta la fecha, en Guerrero ha venido creciendo un fenómeno que cada día complica las de por sí raquíticas finanzas municipales: las demandas de trabajadores que se dicen despedidos injustamente y que acuden a los tribunales para que se le indemnice.

 

Por Jesús Pintor

 

Del tamaño de este problema habla el hecho de que tan sólo en el 2016, los 81 municipios de Guerrero fueron condenados por los Tribunales laborales a pagar mil 600 millones de pesos por juicios laborales de despidos.

El subsecretario de Finanzas, Tulio Hernández Calvo, informó que los tribunales fallaron en 2016 para que los 81 ayuntamientos del estado cubrieran un total cercano a los mil 600 millones de pesos, y que al menos en ese tiempo, se empezarían a pagar los primeros 500 millones, para evitar el congelamiento de las cuentas municipales.

Una cifra fabulosa en sí misma, pero que se torna dramática cuando tiene que provenir de los dineros públicos con que cuentan los municipios del estado para obras y acciones de gobierno.

¿Qué está pasando realmente en este terreno? ¿Las autoridades son arbitrarias y despiden injustificadamente a trabajadores sin medir las consecuencias? ¿O estamos ante un negocio de vividores jurídicos?

Quizá, sin duda, un mucho de todo.

Tierra Caliente, la más demandada por ex empleados

En esta situación, las regiones que más habían perdido dinero son, en orden decreciente : Tierra Caliente, Zona Norte, Zona Centro y Costa Grande; y el personaje que ha resaltado como el artífice de hacer ganar demandas laborales, al menos en la región calentana, es el abogado, Modesto Carranza Catalán.

Carranza Catalán no sólo ha hecho ganar demandas a otros trabajadores despedidos, sino que luego de ocupar la sindicatura de Ajuchitlán del Progreso, también demandó con una figura jurídica electoral, ¡y ganó!

No deberían los presidentes municipales, pero en varios casos, ante los montos elevados de insumos como el fertilizante —ahora gratuito para el productor—, tienen que echar mano de otros recursos para sufragar los pagos de los laudos laborales, que, en términos reales, llegan a sofocar las finanzas, y en un acto cómplice de los tribunales de conciliación y arbitraje, se amparan, y heredan la deuda a la siguiente administración, explica el ex regidor tlapehualense Edgardo Santamaría.

Cuando antes sólo los trabajadores de base tenían la posibilidad de demandar, ahora se ha abierto a que también lo hagan los trabajadores de confianza. Es decir, los que llegan y se van con el presidente municipal, y más allá, los mismos patrones como regidores, síndicos procuradores e, inclusive, podría hacerlo el alcalde bajo la figura jurídica denominada “juicio electoral ciudadano”, en el que interviene para su fallo el tribunal electoral.

En Tierra Caliente, dos presidentes municipales: el de Ajuchitlán del Progreso, Onofre Santana Ramírez; y la de Cutzamala de Pinzón, Karime Benítez Flores, han hablado de las dificultades en que se encuentran sus administraciones, debido a la carga onerosa de los laudos laborales y hasta mercantiles ya sentenciados.

Otros, como el de Coyuca de Catalán, Abel Montufar Mendoza, ha tenido que recurrir a las llamadas negociaciones privadas para que el trabajador se desista del proceso y convenir un pago. La misma situación en San Miguel Totolapan, donde hay quienes, ante la complicada situación que atraviesa el municipio por la inseguridad, han preferido abandonar el trabajo y la demanda por miedo.

Los municipios en complicaciones

En el primer informe de gobierno de Onofre Santana Ramírez, alcalde de Ajuchitlán del Progreso, informó que su gobierno habría de cubrir un total de 74 millones de pesos por laudos laborales interpuestas por grupos de trabajadores o de manera individual, por demandas que databan de cuatro administraciones municipales atrás.

De entre los pagos a cubrir en su administración, resalta el del abogado Modesto Carranza Catalán, quien demandó al ayuntamiento por supuesto despido injustificado, en la era del ex alcalde de filiación priista, Raymundo Flores Castañeda (2009-2012). Luego se sabría que en realidad Carranza abandonó el cargo por diferencias con el primer edil.

El fallo a favor del demandante se dio en el periodo del perredista J. Carmen Higuera Fuentes, quien explicó luego de enterarse del dictamen, que era una burla que el sistema permitiera atrocidades de esa envergadura, pues además de que era mentira el despido injustificado, Carranza Catalán era parte del grupo patronal al haber ocupado la sindicatura.

Este abogado, Carranza Catalán, junto con el tlapehualense Gabriel Alonso Márquez, ofrecían sus servicios a los que quisieran demandar a los ayuntamientos, mientras estaban en funciones de sus cargos. En su caso particular, en Ajuchitlán del Progreso, como abogado defensor de los ex trabajadores, demandaban a nombre del afectado, y como síndico procurador, se dejaba ganar.

Al final, bajo la figura jurídica “juicio electoral ciudadano”, le ganó al ayuntamiento ajuchitlense un millón 400 mil pesos en la última etapa del gobierno de J. Carmen Higuera Fuentes, y lo recibió el correligionario de Modesto Carranza, Onofre Santana, quien se dijo preocupado por el dinero que la administración debería de pagar al haber ya un fallo.

En Cutzamala de Pinzón, en un primer momento, la alcaldesa Karime Benítez Flores habló de pagar en una etapa primera cerca de 50 millones de pesos por pleitos laborales y que, en conjunto, por los que estaban pendientes, su administración debería cubrir un total superior a los 100 millones de pesos, por lo que se veía obligada a recurrir a préstamos pues el rubro de gasto corriente sufría una merma considerable.

En esos poco más de 100 millones de pesos estaba una demanda mercantil, ya fallada a favor del empresario del fertilizante Luis Bahena Pineda, quien en el periodo del priista José Luis Fernández Morales, entregó el insumo agrícola con un precio de 2 millones de pesos, pero tras firmar un convenio, consistente en que cada mes los réditos crecerían a 70 mil pesos por mes, se llegó a 2017 a 9 millones 200 mil pesos.

Por ello, el 10 de febrero de 2017 se reunió el cabildo cutzamalteco y, en un acto público, se informó que el municipio se endeudaría con el gobierno del estado por esos 9 millones 200 mil pesos, para poder pagarle al empresario del fertilizante y detener el incremento de la deuda, que iniciara desde 2008.

Un caso que resalta en los laudos laborales, es el del actual regidor de Cutzamala de Pinzón, Ángel Gaona Gaona, a quien de acuerdo al tribunal de Conciliación y Arbitraje se le deben de pagar 7 millones de pesos por una demanda que prosperó desde el periodo del priista Francisco Estrada Campos, tiempo en que el actual regidor se desempeñaba como titular del registro civil en la comunidad de Arroyo Grande.

Los que han tenido que negociar

Municipios como Pungarabato, Coyuca de Catalán, Arcelia, Zirándaro, Tlapehuala y Tlalchapa, han tenido que buscar negociar y lograr que el demandante desista de su empeño y retire la querella, a cambio de un pago menor “en bien del municipio, aunque no deja de ser lacerante, pues se llevan un dinero que podría utilizarse en otras acciones”, explicó el asesor administrativo de Zirándaro, Abelardo Mejía Duarte.

En el caso de Pungarabato, el alcalde Daniel Basulto de Nova ha cubierto pagos en conveniencia, de hasta 50 mil pesos, a ex trabajadores que han retirado su demanda, sobre todo, explicó el edil, porque se les reubica o “simplemente entienden que se acabó ya el trabajo y hay que darle oportunidad a alguien más”.

Con Abel Montufar Mendoza, de Coyuca de Catalán; Amalia Mora Eguiluz, de Tlalchapa; Anabel Balbuena, de Tlapehuala, y Adolfo Torales, de Arcelia, los ex empleados han decidido la negociación, para evitar un mayor golpe financiero a las arcas municipales, confió Montufar Mendoza, “nos hemos entendido, hombre, creo que es lo justo para nuestro pueblo”.

En Tlapehuala, donde gobierna la perredista Anabel Balbuena Lara, en estos momentos la mayoría de los demandantes se han decidido “por un buen trato y no seguir una buena pelea”, pronunció el regidor David Calderón Orozco, y allí “todo está bajo control, vamos caminando bien, aunque no deja de preocupar el hecho de que se tengan que pagar grandes cantidades y que impacta al municipio en obras y acciones.

Caso especial el de San Miguel Totolapan

El caso de San Miguel Totolapan, presidido por el perredista, Juan Mendoza Acosta, presenta una situación especial, pues las condiciones de inseguridad no permiten ni siquiera un ambiente relajado en el palacio municipal, y que el propio alcalde ha reconocido así: “la verdad sí vivimos en San Miguel un medio foco rojo”.

Por lo tanto, por miedo, muchos ex trabajadores han preferido dejar el trabajo y no meten demanda por precaución, allí el caso de la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro, quien fue detenida el 12 de diciembre por el grupo de autodefensa, acusada de cobrar las cuotas para el grupo criminal predominante en la zona, pero que la Fiscalía General de Justicia (PGJ) la liberó al no encontrarle los suficientes elementos para procesarla.

La funcionaria se desconoce si ha renunciado, si ha sido sustituída mediante reunión del grupo edilicio y también se desconoce si ha demandado laboralmente al ayuntamiento.

En este tópico, en junio de 2016, el diputado local, Saúl Beltrán Orozco (quien actualmente es acusado de ilícitos), en una visita a Coyuca de Catalán, aseguró que estaba a muy poco de lanzar una iniciativa, “donde espero que mis compañeros diputados me respalden”, para que se ajustaran los pagos de los laudos laborales, que fueran menos lesivos y con más candados para permitirlos.