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Totolapan, el búnker de la violencia en Tierra Caliente

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Por Jesús Pintor

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, Guerrero.- El pueblo de hecho es una fortificación sin muros, allí, con el río Balsas en un extremo, se cubre un poblado donde autoridades políticas y de la delincuencia organizada han utilizado para, en aparente confabulación, no permitir el ingreso de la calma, al grado de hacer huir a pobladores, que son revisados en la garita donde no les permiten salir con más de un kilogramo de productos básicos.
“¿Por qué nomás un kilo?”, preguntó azorada una jovencita de unos 19 años, a la que le quitaron el peso extra de arroz y azúcar, “es para que no dejes sin comer a los demás”, recibió una áspera explicación de un miembro de la autodefensa que recién se levantó en armas el pasado 13 de diciembre de 2016.

La cabecera del municipio de San Miguel Totolapan, actualmente está averiada en su vida cotidiana, la calma es una palabra que ha desaparecido de su vocabulario e incluso de sus alcances como términos verbales, encuadrada con la expresión de su alcalde de extracción perredista, Juan Mendoza Acosta, de “sacar de las cuevas a los delincuentes”, como lo dijo en un boletín oficial.

Un alcalde, quien fuera secuestrado en campaña, y ya en funciones, llamado a negociar con Raybel Jacobo de Almonte, mejor conocido como El Tequilero, y exhibido en Youtube. Nadie hizo nada, como nadie ha hecho nada, reviró el diputado local, Saúl Baltrán Orozco, contra Catalino Duarte Ortuño, quien lo acusó reiteradas veces de lo que pasaba en Totolapan.

El ex diputado federal y ex alcalde de Zirándaro, con quien el también ex presidente municipal de San Miguel Totolapan, se enfrascó mediáticamente, y se lanzaron acusaciones como las de ser los principales impulsores de la violencia en sus municipios. “Yo lo señalé en su momento y nadie hizo nada”, dijo.

En el municipio tampoco hay clases, 86 planteles educativos cerrados, de acuerdo al delegado educativo, Timoteo Arce Solís, en donde 243 docentes han dejado de instruir a 3 mil 736 educandos, por órdenes de la autodefensa.

Civiles armados que, amparados en la asamblea popular, decidieron el 9 de enero de este año, cerrar escuelas en tanto el gobierno de Héctor Astudillo Flores, no detuviera a El Tequilero como fue la promesa de Javier Olea Peláez, el fiscal estatal. Ello a pesar de que desde hacía ya más de un mes, que los niños y jóvenes han dejado de recibir clases regulares.

Del plantel totolapense del Colegio de Bachilleres (Cobach), han huido muchos jóvenes amenazados por la delincuencia organizada con ser secuestrados, y han preferido matricularse en planteles afines en Coyuca de Catalán o Ciudad Altamirano, refirió el delegado del sistema, Ulises Portillo Vargas.

El mismo funcionario, explicó que hay tal zozobra en el lugar, que el cierre de la escuela de nivel medio superior, puede evitarse si se instala cerca del palacio municipal, lugar donde presuntamente hay la seguridad que proporcionan los del grupo de autodefensa.

Lo que ocurra allá con el lío de las armas, es un asunto lejano de entender para los niños, quienes, hasta hace poco, ya no veían las combis pasajeras, pues se habían suspendido por miedo, y las camionetas que surten la llamada comida chatarra, y la que tanto añoran, las golosinas y panecillos con conservadores han dejado de venderse.

El levantamiento en armas

El municipio totolapense alcanzó su mayor nivel de incertidumbre y zozobra, cuando prácticamente había dos gobiernos: el del Tequilero, ex miembro de la agrupación asentada en Arcelia que encabeza Jony Olascoaga Hurtado, mejor conocido como El Pez, y por el otro lado, el del alcalde, Juan Mendoza Acosta.

Los “dos gobiernos” existentes, fue referido por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), en la persona del coordinador regional, Alfonso Peralta García, reveló ante la prensa, que no se atrevía a acudir al municipio totolapense por las dificultades que representaba, y en consecuencia, imposible defender los derechos humanos de los habitantes.

Levantarse en armas en san Miguel Totolapan como tal, tuvo una entrada bifurcada: el 7 de noviembre, el presidente municipal de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, organizó a sus trabajadores municipales, a taxistas y empresarios, a bloquear la entrada de comunitarios Tecampaneros de Teloloapan, quienes intentaron liberar a tres herreros. El asunto se calmó luego de la intervención del gobierno del estado como mediador.

Y el 21 de noviembre, en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, San Jerónimo el Grande, pobladores se levantaron en armas contra El Tequilero, cansados, dijeron, de los atropellos causados por el grupo criminal que encabeza el mencionado personaje, al poco tiempo ingresó la Policía estatal y disolvió el movimiento.

Más tarde, el 23 de noviembre, llega el fiscal estatal, Javier Olea, parta platicar con los comunitarios levantados, darle aliento y prometerles “darle pabajo” al Tequilero, y en días posteriores les llevó unas despensas con lo que el movimiento terminó por desaparecer.

Y luego del operativo fallido que encabezaba la Policía Investigadora Ministerial (PIM), y la inclusión de elementos de la corporación policiaca michoacana, que apoyó con dos helicópteros más, desde el primero de diciembre, el ex diputado federal, Catalino Duarte Ortuño, según su misma cuenta de Facebook, incursionó en la sierra totolapense.
Duarte Ortuño, quien mantenía una postura ríspida ante Saúl Beltrán Orozco, publicó arranques de obras, el recuerdo de algunas ya echadas a andar, y hasta la forma artesanal en que se producía el mezcal, esto último el 12 de diciembre.

Ese mismo día, el 12 de diciembre, día de la virgen de Guadalupe, se soltó primero como rumor, el secuestro del director de obras públicas de Mendoza Acosta, Isauro de Paz Duque, personaje afín a Duarte Ortuño; el 13, y con más de 20 detenidos, incluida la madre del Tequilero y una regidora priista, cercana a Beltrán Orozco, pobladores anunciaron su levantamiento en armas.

Entre los detenidos estaba la regidora priista, María del Carmen Barrera Navarro, acusada por los autodefensas, como la encargada de realizar los cobros a favor de El Tequilero; la madre del jefe criminal, María Félix de Almonte, entre otros jóvenes acusados de halcones. Se ofreció entonces un canje: la madre de El Tequilero por Isauro de Paz.

La esposa del funcionario municipal, Yadira Guillermo García, fue la encargada de realizar el movimiento, y de paso acusó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, como el responsable de que san Miguel Totolapan no encontrara calma, y entonces el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, de inmediato dio a conocer un despliegue de 220 efectivos para resguardar el municipio.

La calma sigue sin llegar y se nota lejana, se debe entender, luego de que medios de comunicación con tendencia, dieron a conocer el parentesco de compadrazgo que existe entre El Tequilero y el diputado del distrito 17 local, Saúl Beltrán Orozco, quien ha recibido acusaciones directas, y Duarte Ortuño volvió a arremeter.

A casi un mes del levantamiento en armas, los miembros de la autodefensa, que de acuerdo a los primeros videos del 13 de diciembre, tiene un porcentaje importante en sus filas de trabajadores municipales, volvieron a marchar para pedir paz, en esta ocasión acompañados de niños con cartulinas en mano, exigieron al gobierno del estado y al presidente de la República, a actuar. La paz es un concepto abstracto. De cierto.